LO PÚBLICO

Ufana de su valor a la hora de meter tijeretazo al gasto público, sintiéndose el centro de todas las miradas, el ejemplo a seguir, el paradigma de la gestión política, Mª Dolores de Cospedal se enseñorea en Castilla-La Mancha, patrona desde ya de los políticos y políticas, señora de un feudo que siente personalizado en ella, enemiga del déficit, abanderada de la buena gestión antes incluso de haberla llevado a cabo. De las diversas lecturas que puede tener el fuerte recorte presupuestario hay una que especialmente me interesa y es el concepto de lo público que se infiere de ella. De la relación de medidas planteadas no podemos deducir un modelo diferente de gestión. Es engañoso afirmar que se trata de imponer unas medidas drásticas para salvarlo. No se trata de practicar una cirugía traumática para salvar al paciente, se trata, más bien y en la medida de lo posible, de aplicarle la eutanasia (tan opuestos como son ellos). La idea que se deriva de esas decisiones es la de lo público como estorbo, la necesidad de su adelgazamiento hasta generar su anorexia. La necesidad no es mejorar los servicios públicos para que estos cumplan mejor su cometido, es desprenderse de ellos para evitar el gasto que suponen. Efectivamente, los servicios públicos suponen un gasto pero cumplen una función esencial, es esta función lo que no entiende la presidenta. Su planteamiento es que el sector público no se ocupe de aspecto alguno del que pueda ocuparse el sector privado, las privatizaciones así suponen por un lado una fuente de ingresos y ahorro y por otro una mejora de la gestión que se entiende siempre será más eficaz realizada desde lo privado y aplicando sus métodos. Mª Dolores de Cospedal no llega a comprender que hay servicios que nunca se podrán acometer de la misma manera desde lo privado que desde lo público, que la función social de este último nunca podrá realizarse desde los criterios del primero. Lo que se hace necesario no es la supresión del sector sino su reforma, reforma que con seguridad necesitaría cirugía. Es esto lo que se le puede achacar al anterior gobierno, el miedo a practicarla o la ignorancia para llevarla a cabo.

Frente a esta política puede parecer sencilla la respuesta: defensa de lo público. La pregunta que podemos hacernos en qué consiste tal defensa. La respuesta, realmente, no es tan simple. No basta con la defensa de la titularidad de los servicios y con la condena de su privatización. Este planteamiento, a menudo, no deja de ser conservador en la medida en que se contenta con el mantenimiento de una realidad que, en sí misma, no es nada satisfactoria. Los servicios públicos, a menudo dejan mucho que desear. La solución no es su privatización sino la asunción de los valores de lo público y la adecuación de su funcionamiento a ellos. La pregunta, a su vez, encierra otra, en qué medida hemos podido colaborar, entre todos, al deterioro de esa realidad.

Es lamentable pero no veo que este ataque al sector público que supone el tijeretazo vaya a provocar una respuesta por parte de la sociedad. Es lamentable en la medida en que la sociedad del bienestar que tanto se dice defender se ha sustentado sobre este sector y es su desaparición lo que pone en riesgo la misma. Esta falta de contestación social será debida por un lado a la propia evolución de la sociedad. La acomodación lleva a pensar que los soportes del bienestar no se encuentran en el sector público y los servicios sociales que él garantiza, sino que se encuentran en el consumo. Sociedad del bienestar y de consumo han pasado a ser términos equiparables. La pérdida de la capacidad de consumo sí supondría una fuerte contestación social, la supresión del sector público e incluso de parte de los derechos sociales no tanto. El discurso según el cual el sector público supone un lastre para el propio bienestar ha calado en la sociedad. Es aquí donde viene a cuento la pregunta que me hacía anteriormente, qué parte de responsabilidad podemos tener en ello.

El segundo factor de la falta de contestación se debe, aceptémoslo, al claro distanciamiento existente entre función pública y ciudadanía y no nos vale con echar los balones fuera, alguna incumbencia podemos tener los funcionarios en ello. En primer lugar hay una fuerte resistencia a los cambios. Aunque esta resistencia se catalogue a menudo como progresismo no deja de ser un comportamiento conservador en la medida en que termina esclerotizando el sector. La defensa real del sector público es la defensa de su función y la reivindicación del mismo como servicio público y esta defensa compete en primer lugar a los propios trabajadores del mismo. Son los primeros que han de creer en su necesidad y en la diferencia cualitativa importante existente entre este y el sector privado. Creer y llevar a la práctica. Los propietarios reales es el propio “público”, no el Estado, menos sus gobernantes, pero tampoco sus trabajadores, estos, no lo olvidemos, son (somos) servidores públicos. La resistencia de estos a los cambios, la continuidad de un mismo funcionamiento independientemente de las modificaciones legales habidas no deja de ser una manera encubierta de privatización por parte de los trabajadores. Lo que debemos defender es el servicio público como garante de unas funciones y servicios sociales y de un modo de llevarlas a cabo esencial para las mismas. Defender y ejercerlas de esa manera, sólo así se buscará la complicidad con la ciudadanía y el apoyo de esta llegado el momento. Esta es, a mi modo de ver, la segunda causa de la disociación citada, el predominio de unas maneras muy alejadas del ideal, la existencia de una burocracia estúpida que entorpece en vez de facilitar, la preponderancia de formas que generan distanciamiento y rechazo y, por último, unos procederes que tienen la administración y sus trabajadores como centro más que la función y su público.

Cospedal no sólo tiene ese planteamiento ideológico, tampoco necesita esos servicios. No se puede esperar de ella que se transforme en una defensora de los mismos, cuando aplica el bisturí no le duele, solo le dolerá la cabeza cuando sus medidas le supongan un coste político y para ese coste será necesaria una verdadera movilización social, hoy por hoy difícil de creer en la medida en que la izquierda (partidos y sindicatos) se ha ido ocupando estos años de segar la hierba bajo sus propios pies. Dos son pues la línea de defensa de lo público: movilización en la medida de lo posible y actuación de cada uno acorde con el sentido del servicio público, actuación que, esto sí, siempre está en nuestras manos.